El abogado Gil Domínguez presentará el amparo colectivo el próximo miércoles para que se restablezca el protocolo.
Luego de los idas y vueltas por la derogación de la actualización del protocolo por los casos de aborto no punible que valió la renuncia del ahora exsecretario de Salud Adolfo Rubinstein, un abogado pedirá que se declare la inconstitucionalidad de la derogación.
Se trata de un amparo colectivo que un abogado presentará la semana que viene para que se restablezca el protocolo. Será una presentación a favor de todas las mujeres, adolescentes y niñas en el fuero contencioso administrativo federal, el encargado de analizar los actos de gobierno, según consigna Infobae confirmado por Andrés Gil Domínguez, abogado constitucionalista que trabaja en el amparo que presentará el próximo miércoles.
“Vamos a pedir que se declare la inconstitucional e inconvencional la derogación del protocolo y que se restablezca la vigencia del que publicó el secretario de salud de la Nación, Adolfo Rubinstein, en el Boletín Oficial ya que lo que hizo fue actualizar los métodos para la realización de los abortos que no son penados por la ley, lo que es un derecho para todas las mujeres”, explicó Gil Domínguez.
El letrado hará la presentación y contendrá una medida cautelar: es un pedido para que de manera urgente entre en vigencia la actualización del protocolo mientras se discute el fondo del planteo, es decir la inconstitucionalidad que pedirá el abogado.
El conflicto en el Gobierno
El secretario Rubinstein, que renunció, publicó el miércoles en el Boletín Oficial la resolución 3158 de la actualización del “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE)”.
Se trata de un mecanismo que rige desde 2015 tras el fallo “FAL” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el que en 2012 ratificó que en casos de violaciones las mujeres tienen derecho a acceder a un aborto. Para eso, el máximo tribunal les pidió a todos los poderes del estado nacional y de las provincias que sancionen un protocolo para determinar los métodos en los que se harán esos abortos en los hospitales públicos.
El Código Penal establece desde 1921 que las mujeres que fueron violadas y quedaron embarazadas no serán sancionadas penalmente en caso de hacerse un aborto. Tampoco las que tengan un embarazo que pongan en riesgo su vida o salud.
La actualización del protocolo incluía los alcances del nuevo Código Civil sobre menores de edad. Por ejemplo, que las chicas de entre 13 y 16 años pueden consentir una práctica de ILE cuando no implique un riesgo grave para su salud o su vida. Y que las menores de 13 podrán dar su consentimiento acompañadas de sus padres o de quien ejerza su cuidado.
Pero tras la publicación, el gobierno de Macri criticó la actuación del exfuncionario y este viernes se publicó en el Boletín Oficial la derogación de la actualización del protocolo. La decisión llevó la firma de Macri, del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y de la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley.
“La resolución citada fue dictada por la Secretaría de Gobierno de Salud sin consultar la opinión de sus superiores jerárquicos, máxime teniendo en particular consideración la relevancia e implicancias de las cuestiones en ella reguladas”, sostiene la derogación, entre otros argumentos.
